Podemos da la espalda a las entidades sociosanitarias de Cartagena

19 octubre ‘17.- El concejal popular, Antonio Calderón, ha lamentado que “hoy Podemos le haya dado la espalda a las entidades sociosanitarias, y en concreto, a la asociación AFAL, que demanda desde hace años un espacio donde atender las necesidades de cerca de 200 pacientes”.

En el Pleno municipal, ha salido adelante, a a pesar de los votos en contra de Podemos y de la abstención de MC y PSOE, una iniciativa del Partido Popular donde se pedía instar a Gobierno municipal a modificar el acuerdo de cesión de uso del IES Antonio Arévalo añadiendo al concepto “realización de actividades Socioculturales y deportivas”, a las entidades sociosanitarias de Cartagena y su Comarca que lo soliciten y acrediten la necesidad de espacios para el desarrollo de sus actividades y terapias.

Calderón ha criticado que “a aquellos partidos que llevan a los Plenos declaraciones institucionales pero que a la hora de la verdad, cuando pueden mostrar su apoyo y compromiso a estas entidades con acciones que solucionen sus problemas, dan un paso atrás y demuestran que no les importa dar respuesta a las necesidades existentes en el Tercer Sector”.

El concejal popular hace referencia a la moción presentada por Podemos en el Pleno de 28 de septiembre, aprobada por unanimidad, y donde exigían atender las necesidades de la Asociación AFAL y garantizar la posibilidad de locales adecuados.

En dicha moción, Podemos denunciaba “la situación de precariedad en la que se encuentran las instalaciones de la asociación AFAL, donde acuden cerca de 200 pacientes, teniendo que compartir el limitado espacio con tras asociaciones”.

“Podemos podría haber reafirmado su compromiso con estas entidades y con Cartagena, pero una vez más, que sus concejales vuelven a demostrar que anteponen sus intereses partidistas a los intereses generales. La política está para facilitar la vida a los ciudadanos, aunque algunos lo hayan olvidado como se ha demostrado hoy”.

En la moción, el Grupo Popular también pedía al Gobierno regional ampliar el plazo de cesión de dos años a un mínimo de diez, para que las entidades puedan realizar y amortizar las inversiones necesarias para adecuar a la normativa vigente estas instalaciones.