El Defensor del Pueblo acusa al Gobierno de faltar a “su inexcusable deber de colaborar” por no contestarle en 5 meses

3 junio ‘16.- El Defensor del Pueblo ha recordado al Gobierno de José López que está incumpliendo su “inexcusable deber de colaboración” por no haber contestado en cinco meses un escrito en el que esta institución le pedía que explicara por qué llevaba medio año sin contestar a las solicitudes de información oficial que había presentado el grupo municipal popular.

Los populares recurrieron en enero al Defensor para denunciar este bloqueo informativo, la institución admitió la denuncia y pidió al Gobierno de López explicaciones. El defensor del Pueblo tuvo que volver a pedirles respuesta en el mes de marzo y, ante el silencio del Ayuntamiento, en un escrito de junio ha recordado al Ayuntamiento su obligación de colaborar.

“El Gobierno es incapaz de explicarle al Defensor del Pueblo por qué se ha negado a contestarnos y no nos extraña porque no es fácil reconocer que nos impusieron un bloqueo informativo que va en contra de derechos que nos reconoce la ley. El Gobierno impidió que nos llegara información sobre más de una decena de asuntos durante más de medio año y sólo empezaron a enviarnos respuestas cuando se produjo la primera intervención del Defensor del Pueblo”, ha explicado Diego Ortega, portavoz adjunto del Grupo Popular.

Tanto la Ley de Bases como el Reglamento del Pleno obligan al alcalde a contestar a los concejales en el plazo de cinco días. “Nosotros no hemos exigido que se cumpliera ese plazo estrictamente, ni tampoco hemos querido presentarnos ante los funcionarios para reclamar la documentación, pero no podemos consentir que se impida el trabajo de los grupos políticos con este tipo de maniobras”.

Entre las informaciones reclamadas se encontraban datos referentes a los contratos del personal directivo y de confianza, el incremento de sueldos en el Ayuntamiento o las obras ilegales en una propiedad del concejal de Policía.

El grupo reiteró cada semana durante meses la petición de esas y otras informaciones, pero el Gobierno siguió dando la callada por respuesta “lo que demuestra qué opina realmente este Gobierno sobre la transparencia y el respeto a la legalidad. Crearon una oficina de transparencia, tienen una concejalía de Transparencia y hasta han hecho una guía, pero son los primeros en incumplir su obligación de informar y ya no contestan ni al Defensor del Pueblo”.

El primer escrito de denuncia se presentó el 21 de enero de 2016 ante ell Defensor del Pueblo buscando el amparo de esta institución ante las reiteradas trabas a la labor de la oposición y los incumplimientos de obligación de transparencia que venía ejerciendo el gobierno de López desde el inicio de la legislatura.

Casi seis meses más tarde y después de que el Defensor del Pueblo haya pedido por dos veces explicaciones al Ayuntamiento, esta institución acusa al Gobierno de una “falta inexcusable del deber de colaboración, expresamente regulado en el artículo 19 de la Ley orgánica 3/1981, de 6 de abril”.