El Pleno aprueba por unanimidad cuantificar las cantidades pagadas indebidamente a Lhicarsa o dejadas de ingresar

El Ayuntamiento de Cartagena cuantificará las cantidades abonadas de forma improcedente y las no percibidas de la sociedad mixta que gestiona la limpieza viaria y recogida de basuras, Lhicarsa. Lo hará en virtud del informe de fiscalización de la gestión indirecta elaborado por el Tribunal de Cuenta, según ha aprobado por unanimidad el pleno extraordinario, que presidido por la alcaldesa, Noelia Arroyo, se ha celebrado esta mañana a instancias de MC Cartagena.

Tanto Gobierno y como oposición han coincidido en la necesidad de fiscalizar y mejorar el servicio de la concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida y tratamiento de basuras.

Por parte del Gobierno municipal han intervenido en el debate la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón y el concejal del área de Infraestructuras, Diego Ortega.

Castejón ha calificado a Lhicarsa como la “historia de un fracaso de todos los alcaldes que hemos intentado que cumpliera con sus obligaciones”, incluyendo al propio José López de MC. “No lo hemos conseguido porque el tipo de contrato que se firmó en 1994 hace imposible sancionarles” y ha asegurado que resulta inviable rescatar en estos momentos la concesión porque “condenaríamos al Ayuntamiento a la bancarrota”.

Sin embargo ha precisado que desde 2017 sí se ha conseguido ponerle tres multas y separar los recursos destinados al contrato y fiscalizar sus actuaciones.

Igualmente ha definido el informe del Tribunal de Cuentas como una oportunidad, ya que “nos ofrece herramientas para seguir fiscalizando a Lhicarsa a que cumpla con sus obligaciones. Estamos de acuerdo que hay que acabar con el modelo de la sociedad mixta pero tendría un coste inasumible”, teniendo en cuenta además que restan siete años de contrato por lo que será un tema importante en la próxima legislatura.

Por su parte el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, ha negado que el informe del Tribunal de Cuentas vaya de corrupción, como había señalado el viceportavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ya que abarca de 1994 a 2019, que no afecta a la actual legislatura, porque ya se habían tomado medidas, y sí a un período en el que MC también fue responsable de la gestión y “no hizo nada”.

Ortega ha recordado que durante esta legislatura se han impuesto sanciones a Lhicarsa, se han separado recursos, se han fomentado los servicios de inspección y llevado adelante expedientes contradictorios, pero “mejorando el servicio con medios y recursos”.

También ha señalado que el informe está siendo analizado por los funcionarios “para indicar lo que debemos a hacer” y ha terminado asegurando dirigiéndose a MC que el “informe fiscaliza su gestión y no la nuestra”.

Por su parte el viceportavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, comenzaba su intervención explicando que el informe del Tribunal de Cuentas dejaba patente un modelo de corrupción al abonarse a la empresa cantidades por importe de tres millones de euros, en concepto de asistencia técnica que no se presta y que según el órgano estatal no aparecen en el pliego.

A ello ha añadido Gallo las no percibidas por la venta de subproductos de la planta tratamiento, la venta de electricidad por biogás y los beneficios de la sociedad, que nunca ha cobrado el Ayuntamiento a pesar de ser partícipe de la misma.

Gallo también ha relatado otras irregularidades detectadas en el informe como las dos prórrogas del contrato, de 10 años cada una, que no estaban previstos en el pliego, las modificaciones sin publicidad ni libre concurrencia o que no se haya comprobado que las inversiones se han hecho adecuadamente.

El viceportavoz de MC ha terminado pidiendo que se aclare esta situación, con la cuantificación de las cantidades, arremetiendo contra Lhicarsa a la que ha acusado de lucrase a costa de los cartageneros, y manteniendo las calles sucias y el vertedero a punto de colmatarse en 2026.

El portavoz de VOX, Gonzalo Abad, ha tildado de demoledor el informe del Tribunal de Cuentas con respecto al pliego y al contrato de Lhicarsa, así como al desarrollo que ha tenido desde 1994 en el que se han hecho dos prórrogas para hacer inversiones y adaptarse a la legislación, que importaban 24 millones de euros, de los 17 fueron aportado por el Ayuntamiento a pesar de tener solo el 10 por ciento de la sociedad; así como las modificaciones contractuales y las facturas que no justificaban la totalidad de las inversiones realizadas por la empresa.

Sin embargo ha advertido de la legalidad de las cantidades cobradas en concepto de asistencia técnica, puesto que así lo determinó en 2003 una sentencia de casación del Tribunal Supremo. Abad ha calificado la situación como la de un “contrato viciado de origen”, con “prórrogas y modificaciones contrarias a la ley” y una ”falta de control por los servicios municipales”.

Por último la portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida Verdes Equo, Aurelia García, ha pedido en este caso "verdad, justicia y reparación". Verdad, para que se cree una comisión en la que estén todos los vecinos y grupos municipales; justicia, para que todos los datos que se extraigan se eleven a Fiscalía; y reparación para que se cuantificar todos los perjuicios que se han generado al Ayuntamiento y a los cartageneros y se les restituyan.

También ha explicado que el contrato se inició con 8 millones ha terminado en 36 millones dando “el peor servicio público que presta el Ayuntamiento” con sucesivas modificaciones y ampliaciones. Aurelia García ha terminado solicitando la rescisión del contrato “porque perjudica a los cartageneros” y la remunicipalización del servicio.