El Gobierno acusa a la oposición de entrar en campaña electoral a costa del contrato de limpieza de Cartagena

El concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, ha acusado a la oposición de moverse solo por interés electoral al hacer pasar como sentencias unos informes del Tribunal de Cuentas que son recomendaciones, y que el Ayuntamiento está estudiando a través de los técnicos municipales para aplicar al contrato de limpieza de Cartagena, como ya anunció el pasado viernes la alcaldesa.

Ortega insiste en que “la oposición ha comenzado la campaña electoral” y solo trata de acusar a este gobierno, “el único que ha sancionado a la empresa en más de 30 años del contrato”, incluyendo los dos años de López en el Gobierno.

“Si López lo ve tan claro, ¿por qué subió el contrato cuando fue alcalde? ¿Por qué no revocó la ampliación del contrato? Pues la razón es que no está tan claro”, señala Ortega, que ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los empleados de Lhicarsa “a los que la oposición está amenazando con rescisiones de contrato sin informes jurídicos que lo avalen”.

El edil de Infraestructuras recuerda que el Tribunal de Cuentas no es un juzgado, “y hace recomendaciones, no sentencias”, y asegura que “la aplicación de esas recomendaciones debe estudiarse”. Reconoce que hay cuestiones que generan muchas dudas, por lo que acudirán a los órganos consultivos para tener el mayor respaldo legal antes de tomar cualquier decisión que pueda ser arriesgada para los intereses municipales. “Ya tenemos experiencia de recomendaciones de ese Tribunal sobre contratos que este Ayuntamiento asumió y que fueron revocados por los jueces”, según manifiesta.

Ortega ha destacado que en este Gobierno son los técnicos, los servicios jurídicos, los servicios económicos y la dirección del contrato los que vigilan la legalidad de los procedimientos. “Son los técnicos quienes dicen cómo proceder y no los concejales. Y mucho menos, López, que está condenado, precisamente por acosar al técnico que custodiaba el expediente de Lhicarsa. López, con dos condenas, no puede salir como el defensor de la legalidad. Lecciones sobre legalidad de López, ni una”.

Y ha insistido en que este Gobierno ha sido el primero en imponer sanciones por irregularidades. “Un millón y medio de euros para recuperar fondos del Ayuntamiento, y ha sido este gobierno el que separó los medios de Lhicarsa y FCC, y no el de López”.

Ortega asegura que López habla mucho desde la oposición “pero desde el gobierno no hizo nada, no impuso sanciones, ni impuso la separación de medios”, y se pregunta que “si lo tenía tan claro, porque revisó los precios del contrato, y por qué no obligó a separar los medios”.