19 feb. 2019. El Grupo Popular ha comprobado que el Servicio de Contratación Municipal se ha negado a tramitar certificaciones fuera de plazo y, por tanto, irregulares, que la Concejalía de Torralba intentó hacer para saltarse el plazo legal de siete contratos para hacer obras en barrios y diputaciones. El resultado es que han perdido el 65% del dinero para las obras y han dejado en una situación delicada a las empresas que trabajaron fuera de plazo y a los técnicos que certificaron sus trabajos.
“Ya advertimos en el Pleno que el plazo para esos contratos terminaba en diciembre y que el gobierno de Castejón estaba tratando de que los técnicos admitiesen obras que se estaban ejecutando fuera de plazo. Las pruebas que hay en el expediente han confirmado nuestras sospechas. El expediente se ha llenado en la última semana de informes de funcionarios de Contratación que echan para atrás las certificaciones que ha emitido fuera de plazo la Concejalía de Torralba”, ha denunciado el portavoz adjunto, Diego Ortega
El contrato, que se elevaba a 440.000 euros, se repartió en siete lotes. “Solo uno de ellos ha presentado dentro de plazo sus tres certificaciones, aunque solo han gastado el 55% del dinero de ese distrito. Los demás distritos están llenos de irregularidades. Se ha perdido el 65% del dinero que había las obras que las Juntas habían pedido. La incapacidad del gobierno de Castejón para gestionar los contratos ha dejado a las diputaciones sin las obras que les prometieron, ha dejado a las empresas con obras hechas que no pueden cobrar y, lo que es más grave, ha puesto en una situación muy delicada a los técnicos que hayan certificado obras fuera de plazo”.
Otro agujero para 2019
El grupo Popular ha comprobado que de los 440.000 euros, solo se han admitido por el Servicio de Contratación, certificaciones por importe de 153.731,80 euros, lo que supone haber perdido 286.268,20 euros, que no se ejecutaron en 2018. Este hecho provoca un agujero en el presupuesto de 2019, porque las obras deberán abonarse con cargo al presupuesto que Castejón ni siquiera ha sido capaz de presentar.
Este hecho viene a confirmar la tesis del Grupo Popular en cuanto a que el Gobierno de Castejón pretende anular a las Juntas Vecinales para que éstas no puedan atender las necesidades de sus vecinos. Primero dijeron que era una obligación legal acogerse a este sistema por lotes, que es mentira, y ahora son incapaces de ejecutar el contrato y pierden el 65% del dinero asignado al contrato.
El Grupo Popular va a exigir responsabilidades a quien haya permitido que se realicen obras fuera de plazo.