13 feb. 2019. El grupo Popular ha exigido a la alcaldesa Ana Belén Castejón que aclare, cuanto antes, el convenio del Plan Parcial Sector Rambla que firmó con el promotor urbanístico, Tomás Olivo, en Junta de Gobierno. “Dudamos de la validez de dicho acuerdo, ya que no recoge los contenidos y no establece los plazos que exige el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”, ha dicho el portavoz popular, Francisco Espejo.
Por ello, ha anunciado que pediremos en la Junta de Portavoces extraordinaria que ha solicitado el grupo Popular, los informes jurídicos que avalan el plazo de vigencia del convenio, las consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el incumplimiento; así como los mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes, según establece la ley en los apartados e, f y h del citado artículo 49.
El portavoz popular ha insistido en la opacidad y falta de transparencia de Castejón en este asunto. “Pedimos hace un mes información y se negó a darla. Hemos tenido que forzar una Junta de Portavoces extraordinaria para que Castejón cumpla la promesa que hizo de explicar a los grupos el contenido del acuerdo al que ha llegado con el promotor Tomás Olivo y que se apresuró a aprobar en Junta de Gobierno Extraordinaria para burlar el control del Pleno”.
Aún así, Espejo ha remarcado que “si Castejón decide seguir ocultando el convenio, tendrá que responder a las preguntas que el PP formulará en el próximo Pleno, tras la aprobación de la comparecencia de Castejón sobre el Plan Rambla. Gobierna en la más absoluta minoría y tiene que que explicar los trámites realizados y cuánto costará a los cartageneros. Por ello, no descartamos pedir un Pleno extraordinario si no nos convencen sus explicaciones”
El portavoz ha recordado que “el señor Olivo ha defendido legítimamente sus intereses lo que no tenemos claro es que se hayan defendido los intereses de los cartageneros. Para empezar, las consecuencias de ese acuerdo ya van empeñar al Ayuntamiento por el coste de urbanizar terrenos alternativos para Cartagineses y Romanos y porque hay que buscar dinero para construir un parque junto a las viviendas del promotor”.
Según la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su artículo 49 en los apartados:
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el incumplimiento;
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios; y
h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:primero, los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior, y segundo, en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.