El concejal infractor, Francisco Aznar, huye del Gobierno sin decir si va a derribar su piscina ilegal

16 julio 2018. El grupo Popular advierte a la alcaldesa, Ana Belén Castejón, que “la huida del concejal infractor, Francisco Aznar, no va a zanjar la polémica sobre la dudosa gestión que ha hecho el Gobierno de López y Castejón para resolver la piscina ilegal de un concejal que lleva tres años en punto muerto”.

“Hemos visto el supuesto expediente de regulación en varias ocasiones, ha explicado Nieto, y “hemos comprobado que existe una informe de la Dirección General de Regadíos de la Comunidad Autónoma que dice que la piscina, supuestamente convertida en balsa, es demasiado grande para los metros de cultivo que tiene en sus tierras”.

Las sospechas del grupo Popular no solo van encaminadas a las artimañas hechas por Aznar, sino a “si el exalcalde y actual portavoz de MC, José López, y Castejón utilizaron su influencia como responsables del Ayuntamiento para iniciar la regulación de un expediente sobre el que pesa un derribo en firme de la piscina y vestuarios que construyó de forma ilegal” y por el que ha recordado la concejal “tuvo que pagar una multa al ocultar el 85% del valor de las obras ilegales que se hizo en su finca”.

El expediente de regularización empezó en 2016 y desde entonces, el Ayuntamiento no ha hecho nada, “a no ser que desde que asumiera el señor Aznar, la concejalía de Urbanismo, este haya hecho alguna gestión que este grupo desconoce”, y ha insistido en que “Castejón tiene la obligación de explicar por qué intentó legalizar unas obras que tenían que ser obligatoriamente demolidas”.

Ante esto, hay que recordar que sobre las obras pesa un decreto firme de derribo en el que se establece de manera taxativa que las obras son “de imposible legalización”. Ese decreto obligaba a su derribo en el plazo de un mes y el Ayuntamiento está obligado a que se cumpla. El mismo decreto advertía que, en caso de incumplimiento, el Ayuntamiento demolería las construcciones a su costa. Ese decreto sigue siendo de obligado cumplimiento porque la ley establece que la obligación de reparar el orden urbanístico permanece en vigor hasta quince años.

En el Pleno de 28 de enero de 2016, Castejón dijo: “no les quepa duda que el señor Aznar va a hacer lo que haría cualquier ciudadano de Cartagena: acatar lo que diga el Ayuntamiento de Cartagena y así lo hará”, “imaginamos que por eso no ha hecho nada el Ayuntamiento: dejar pasar el tiempo y que Aznar siga disfrutando de unas obras que tendrían que estar derribadas”.