9 febrero ‘18.- Dentro de la campaña de recogida de firmas que el Partido Popular de la Región de Murcia ha iniciado en defensa del mantenimiento, en el Código Penal, de la prisión permanente revisable, el Partido Popular de Cartagena instalará mañana una mesa para que “los cartageneros puedan manifestarse en la defensa de este instrumento útil ante delitos gravísimos, como asesinatos de menores o en casos de asesinato después de cometer el autor un delito contra la libertad o indemnidad sexual sobre la víctima, entre otros casos”, ha dicho el presidente del PP de Cartagena, Joaquín Segado.
Segado ha indicado que “debemos impedir que se cometan delitos horrorosos y hay que utilizar todas las figuras jurídicas que garanticen las penas y evitar que se vuelva a reincidir en este tipo de delitos, pero siempre que no se renuncia a la reinserción del penado, y esto es lo que defienda la prisión permanente “revisable””.
“La sociedad española está pidiendo a gritos que no se derogue esta pena, y los partidos políticos tienen la obligación de escuchar la voz de los cartageneros. Mañana intentaremos, entre todos, que las formaciones políticas en el Ayuntamiento tomen conciencia y muestren su apoyo a la prisión permanente revisable y pidan a sus grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que rectifiquen”, ha declarado el presidente del PP.
La mesa se instalará una mesa al inicio de la calle Santa Florentina, junto a la parada de taxis, de 11 horas a 13,30 horas.
Tal y como mantiene este instrumento jurídico no se renuncia a la reinserción del penado ya que una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal podrá revisar su situación personal. No se impone una pena definitiva ya que se aplica en casos de asesinatos con circunstancias como que la víctima sea menor de 16 años, se trate de una persona especialmente vulnerable cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual o en los asesinatos múltiples, entre otros.
La pena de prisión permanente revisable la introdujo el PP en el nuevo Código Penal el 1 de julio de 2015 con el fin de evitar que los delincuentes más peligrosos que no hayan demostrado capacidad de reinserción en la sociedad puedan poner en peligro la seguridad de las personas. La oposición desde entonces ha tratado de echarla para atrás. Primero con un recurso ante el Tribunal Constitucional que todavía no se ha resuelto y después respaldando en el Congreso una proposición de ley del PNV